Las horas de trabajo perdidas en conflictos estrictamente laborales se disparan casi un 82%, aunque la cifra total de paros sólo crece un 1,5%

 

Según las cifras que manejan el Ministerio de Empleo y la CEOE, el primer semestre fue el más conflictivo desde que comenzó a hablarse de la salida de la crisis a principios de 2015.

En concreto, el número de trabajadores que participaron en algún tipo de huelga ascendió a 179.349, un 109,2% más que entre enero y junio de 2016. Esto es, en doce meses se ha duplicado con creces el número de personas que ha protestado de forma activa por su situación laboral o salarial, principales motivos de la mayoría de las movilizaciones.

Al mismo tiempo, el número de horas no trabajadas por esas protestas ascendió a 5,34 millones, con un incremento interanual del 52,9%. De media, cada huelguista faltó a su puesto 30 horas en medio año.

Sin embargo, el número de huelgas convocadas solo subió un 3,8% hasta completar 485. Según los expertos, la principal causa es que ha habido más paros sectoriales que empresariales propiamente dichos. Por ejemplo, las huelgas protagonizadas por los estibadores en los puertos o los taxistas en las mayores urbes.

En cualquier caso, en esas cifras se incluyen todo tipo de conflictos. Si excluimos los que afectaron a servicios de carácter público -donde la Administración tiene bazas para reducir su impacto con los servicios mínimos- y las que respondieron a una motivación «de índole extralaboral» -puntualiza la CEOE en su último informe de este asunto-, los efectos de las protestas se reducen en términos absolutos, pero no así en proporciones relativas. Así, aún habiendo menos huelgas (347), todavía supusieron la mayoría de las convocadas (siete de cada diez) aunque su subida resultó menor (1,5%).
El número de horas no trabajadas por esos paros se disparó un 81,6% en los seis primeros meses del año (2,18 millones), mientras que la cifra de huelguistas mantuvo la tendencia del cómputo global y se duplicó (101%) hasta los 34.424.

Por trimestres, asimismo, se observa una evidente aceleración de la conflictividad. Así, mientras de enero a marzo se dejaban de trabajar 779.010 horas por protestas de carácter «estrictamente laboral», de abril a junio fueron 1,40 millones, es decir, casi dos tercios del total.

Respecto a sectores, los servicios son el más conflictivo. Tres de cada cuatro huelgas en el primer cuatrimestre (según datos del Ministerio) se dieron en ellas, frente a algo menos de una cuarta parte (23,8%) que se registraron en la industria. La construcción, por el contrario, apenas sufrió paros (0,4%), y en la agricultura casi resultaron simbólicos (0,03%).

Según ramas de actividad, junio fue especialmente movido en transporte y comunicaciones, con ocho huelgas y 465.632 horas perdidas. La segunda, aunque claramente por debajo, fue el metal, un sector que en el pasado vivió grandes conflictos; allí hubo 12 paros aunque el tiempo que se dejó de trabajar fue ocho veces menos que en el transporte.

A nivel geográfico, las grandes urbes soportaron también los mayores efectos de las huelgas. Entre Madrid y Barcelona concentraron tres de cada diez paros (el 28%) durante el mes citado y, además, sumaron 168.624 horas sin trabajar por ello, algo más de una quinta parte del total (21%). Y eso descontando el efecto de las convocatorias que tuvieron alcance nacional: dos en ese período con 357.936 horas perdidas.

Conforme a las causas laborales alegadas por los sindicatos convocantes de esas movilizaciones, priman las preocupaciones económicas. Así, una de cada tres (34,7%) tuvo que ver con retrasos en el pago de haberes (17 huelgas en junio) o bien petición de incrementos salariales (ocho). El resto fueron protestas relacionadas, fundamentalmente, con despidos o regulaciones de empleo (otros once paros) o ruptura de convenios colectivos (ocho).

 

«Dormiremos en esterillas en el suelo», decía ayer Lisardo Astorgano, una de las 17 personas de la Asamblea de Usuarios de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana —no confundir con la plataforma ciudadana de nombre similar que ha impulsado las últimas movilizaciones— que por la mañana inició un encierro, en principio indefinido, en un rincón del vestíbulo de la entrada principal del Hospital del Bierzo para denunciar la «privatización encubierta» de la sanidad pública. Los encerrados, que desplegaron una pancarta como telón de fondo en uno de los ventanales e instalaron una mesa con folletos y huchas para recibir donaciones, difundieron un comunicado para denunciar «el robo» de la sanidad pública y su «uso político y economicista», a la vez que reclamaron a la administración «que se revierta la situación». Los encerrados tienen previsto celebrar asambleas diarias para decidir la continuidad de la protesta.

La Asamblea de Usuarios, que ya había propuesto sin éxito el inicio de un encierro a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, ha decidido no esperar más y a primera hora de la mañana de ayer se instalaba en el vestíbulo. El comunicado que difundieron de madrugada, horas antes del inicio de la protesta dejaba claros los motivos de la medida: «este encierro se lleva a cabo debido a la mala gestión de la Sanidad Pública en nuestro territorio, respondiendo a una clara privatización encubierta de nuestra Sanidad Pública, donde priman los criterios económicos por encima de los criterios de calidad». Los encerrados recordaron que la sanidad pública «es un derecho histórico social», pero su «uso político y economicista» por la administración la están deteriorando.

Los encerrados concretaron sus reclamaciones a lo largo de la jornada y reivindicaron tres traumatólogos, cuatro radiólogos, dos geriatras y tres anestesistas para el Hospital, el servicio de Radioterapia «de forma urgente» y un acelerador lineal, la apertura continuada de las 36 camas que la Gerencia cierra en verano, la entrada en funcionamiento de los dos quirófanos nuevos prometidos, la contratación de más personal para que los quirófanos operen por las tardes, evitar la externalización de operaciones y que se cumplan los ratios por planta, la eliminación de las Unidades de Gestión Clínica, que «no son más que primas encubiertas de libre disposición», la difusión de datos reales sobre las listas de espera —un año y medio para electromiografías, más de nueve meses para ecografías y más de ocho meses para resonancias magnéticas— y la construcción de más centros de salud —y recuerdan que «el Hospital de Laciana sigue infrautilizado»— con personal suficiente.
Los encerrados también reclaman la derogación de la Ley 15/97 y del Real Decreto Ley 16/2012 «que han permitido la privatización, así como los convenios con centros privados, donde se priman los criterios económicos» sobre la calidad del servicio. El grupo hizo un llamamiento a los ciudadanos y a los sindicatos sanitarios para que se unan al encierro y a la Plataforma para que lo apoye.

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