El “plan criminal” de reclamar derechos en educación.


25 estudiantes, un profesor y un trabajador de la Universidad Autónoma de Barcelona, militantes de CGT, de las CUP y de colectivos libertarios, se enfrentan a penas de 11 y 13 años de cárcel por la ocupación del rectorado en abril de 2013.


Un total de 27 imputados, penas que superan los 320 años de cárcel y una responsabilidad civil de más de 380.000 euros. La que posiblemente sea una de las mayores causas penales de los últimos años –si no se cuenta las relacionadas con el independentismo vasco o con la corrupción– no tiene nada que ver con muertes, con violaciones o secuestros. Trata sobre la ocupación, durante un mes en 2013, del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Una protesta estudiantil tachada de “plan criminal” por la Fiscalía del Juzgado de Primera Instancia de Cerdanyola del Vallés en el escrito de acusación.

En este texto, el fiscal diferencia tres etapas en la protesta: en la primera, desde el 17 hasta el 25 de abril, alrededor de 150 estudiantes ocuparon y pasaron la noche en el edificio del rectorado, sin bloquear la entrada al mismo; en la segunda , hasta el 14 de mayo, el fiscal afirma que hubo bloqueos parciales del edificio; los tres días siguientes, el fiscal acusa a los imputados de levantar barricadas, producir desperfectos en el edificio, y a algunos de ellos de coaccionar a la entonces vicerrectora del centro, Silvia Carrasco, quien también se ha presentado como acusación particular en la causa.
Además, pide una responsabilidad civil a pagar solidariamente entre los imputados de más de 380.000 euros en la que se incluye las nónimas de más de 500 trabajadores de la universidad que supuestamente no pudieron acudir a su trabajo, a pesar de que los estudiantes afirman que nunca se impidió el acceso al edificio.

La UAB, que también había presentado una denuncia particular, se ha retirado de la causa, aunque mantiene la reclamación de los 380.000 euros de responsabilidad civil.

“Hay una serie de reivindicaciones políticas y estudiantiles que se dan ese año, y las quisimos concretar en reivindicaciones más locales, que tenían más que ver con esta universidad”, explica Carles Durán, militante de las CUP y En Davant en Igualada y otro de los imputados en la causa. “Son reivindicaciones muy básicas como la tarjeta UAB, que se dejara pagar las matrículas en varios plazos o que no se echara a los estudiantes que no podían pagar la matrícula”.

Aunque el claustro de la universidad aprobó estas peticiones, cuando los estudiantes pidieron que se aplicaran, el rectorado comenzó a dar excusas técnicas y políticas. “El 17 de abril se hizo una jornada de lucha en la UAB con la consigna de ocupar el rectorado. Se entró como una acción política pacífica, sin conflicto o encaramiento, y a partir de ahí empieza todo”, dice Carles.

 

Imputados elegidos

En el mismo escrito de acusación, el fiscal señala varias veces que no se puede acreditar que los imputados participaran en cada una de las acciones. “El escrito es absolutamente genérico y no hay ninguna individualización, entendemos que este escrito no se puede mirar desde una óptica jurídica, sino absolutamente política”, señala a Diagonal Eduardo Cáliz, abogado de varios de los imputados. “La causa tiene un objetivo muy claro, no es castigar los hechos ocurridos en la Autónoma durante ese mes, sino lanzar un mensaje de miedo hacia el movimiento estudiantil, hacia el independentismo y hacia el resto de movimientos sociales”, continúa.
Entre los 27 acusados, hay militantes de CGT, de las CUP y de colectivos libertarios. “La lógica de esta denuncia es muy perversa, no se está atacando a militantes del movimiento estudiantil, sino a militantes de movimientos populares en general. De todos los encausados, ninguno participa actualmente en el movimiento estudiantil, sino en movimientos de nuestros pueblos y ciudades”, explica Carles Durán. Según señala Carles, hay algunos de los encausados que ni siquiera pisaron ese año la universidad, como Eduard Calvo, quien actualmente es alcalde de Argentona por las CUP. “Yo tampoco estuve muy implicado en la ocupación, pero la estrategia del rectorado ha sido criminalizar a una serie de estudiantes activistas, más allá de que tuvieran que ver o no con las reivindicaciones del momento”, continúa Carles. “Aunque la campaña se desarrolla en la universidad, esta causa alcanza a todos nuestros contextos”.

La acampada del rectorado de la Universitat Autónoma de Barcelona se engloba en una ciclo de movilizaciones que comenzó en 2011. “Fue una época en la que se apostó por la mano dura contra sindicatos y colectivos alternativos”, explica Ermengol Gassiot, profesor de Arqueología en esta universidad a quien la fiscalía pide 11 años y cinco meses de cárcel, aunque su nombre sólo aparece nombrado como participante en una rueda de prensa sobre la protesta que tuvo lugar el día 22 de abril de 2013 frente al edificio ocupado.
Fue una época de protestas contra las reformas que comenzaron con el Gobierno de Rajoy, con José Ignacio Wert dirigiendo la cartera de Educación, y que dejó episodios de criminalización como la portada publicada por el diario La Razón el 9 de mayo de 2012, en la que publicó datos personales de cinco participantes del movimiento estudiantil sobre el titular “Los malos estudiantes agitan la educación”. En Catalunya, las protestas estudiantiles, y las huelgas generales, se encontraron con un yunque particular con nombre de Felip Puig –hasta diciembre de 2012, que cuenta en su haber con poner en marcha una web de denuncias anónimas en relación a los altercados de la huelga del 29M– y de Ramón Espadaler –hasta junio de 2015–.