La subcontrata de JCyL AUDECA-Elecnor tiene que indemnizar a  los trabajadores  despedidos ilegalmente en el PRAE con 66 días por año trabajado. Esta indemnización -alcanzada tras meses de intensas movilizaciones– es muy superior a la de 33 días que marca la ley en los despidos improcedentes,  lo que demuestra que la empresa intenta evitar una sentencia de nulidad que conllevaría la readmisión de los trabajadores.

El conflicto del PRAE ha puesto sobre el tapete las irregularidades cotidianas en el ámbito de las fundaciones de la Junta de Castilla y León.

AUDECA, empresa concesionaria del servicio de educación ambiental  PRAE en Valladolid, -dependiente de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León-, despidió irregularmente en enero de 2019 al equipo de educación ambiental que trabajaba en dicho servicio.

Antecedentes. En este centro el servicio de educación ambiental está externalizado y cada año su gestión sale a concurso. Durante el año 2018, los trabajadores de este centro decidieron crear una sección sindical de CNT debido a los numerosos atropellos que estaban sufriendo por parte del coordinador de la Fundación Patrimonio Natural, Antonio Aragón Rebollo.  Amparado por la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural, Antonio Aragón esperaba deshacerse  de estos trabajadores con el fin del contrato de la adjudicataria para 2018, y así deshacerse de una plantilla que estaba exigiendo  cumplimiento del convenio y condiciones de trabajo dignas.

La acción sindical consiguió la subrogación de sus contratos, contra los planes de la Fundación Patrimonio Natural: adjudicar el servicio de educación ambiental a una empresa “amiga” como AUDECA y a trabajadores con relación personal directa con el coordinador.  Bastó con enviar un burofax notificándole que estaba en la obligación de subrogar a los trabajadores que habían creado la sección sindical. Al publicar la licitación del servicio de educación ambiental del PRAE 2019, la Fundación Patrimonio Natural intentó evitar esta obligación incluyendo los nombres de los trabajadores en la licitación, pero no obligando a la empresa a contratarles.  Una nueva acción de la sección obligó a la Fundación Patrimonio Natural a corregir la licitación e incluir la obligación de la empresa adjudicataria de contratar a los trabajadores que llevaban años trabajando en el PRAE.

Como era de esperar, la empresa adjudicataria fue AUDECA, empresa dedicada al mantenimiento de infraestructuras viarias -como bien indican en su web-. Empresa con un buen número de contratos suscritos con la administración, pero sin ninguna experiencia en educación ambiental ni en gestión de centros como el PRAE.  Ni a la Fundación Patrimonio Natural  ni a Antonio Aragón les importó esto, ya que lo que pretendían era que esta empresa contratara a ciertos trabajadores elegidos a dedo por parte de la Fundación Patrimonio Natural,  lo que se conoce como cesión ilegal de trabajadores en una subcontrata como esta.

Finalmente, AUDECA, se ve obligada a subrogar a los trabajadores del PRAE, pero les despide a los diecinueve días de comenzar el contrato, bajo las órdenes de la Fundación Patrimonio Natural. En la reunión en la que se entregaron las cartas de despido, tanto la Fundación como el coordinador del PRAE reconocen abiertamente que se trata de despidos improcedentes, intentando camuflar una clara represión antisindical.

Situación actual. Al final la broma les ha salido cara, tanto a AUDECA como a la Fundación Patrimonio Natural, y por consiguiente a la Junta de Castilla y León, viéndose obligados a indemnizar a los trabajadores -tras meses de intensas movilizaciones- con el salario correspondiente a 66 días por año trabajado -en lugar de los 33 días que marca la ley en los despidos improcedentes-, buscando evitar así la segura sentencia de despidos nulos y la consiguiente readmisión de estos trabajadores.

La inspección de trabajo tiene una buena tarea con todas estas subcontratas y con  las Fundaciones dependientes de la Junta de Castilla y León. Patrimonio Natural depende en concreto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, al mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, persona sin relación alguna con la protección del medio ambiente y a la que no parece importarle en absoluto, dedicándose exclusivamente a adjudicar contratos a dedo (ya que, como bien claro dijo él mismo, él es la administración) y a evadir leyes, como en toda la problemática que existe con la ley de caza.

Parece que van a ir cayendo poco a poco y toda esta gente colocada a dedo se va a tener que buscar un trabajo de verdad, de los que te tienes que preparar una oposición o pasar un duro proceso selectivo. Ya ha habido casos como el de la Fundación Siglo, ¿cuál será la siguiente?