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Hoy se debate en el Congreso la paralización de una de las leyes más polémicas del gobierno de Mariano Rajoy: La ley WERT, la desgraciadamente famosa LOMCE, que se aprobó con el rodillo de la mayoría absoluta del PP.
El PSOE ha presentado una proposición de ley para suspender su implantacición que se debate esta tarde. La iniciativa cuenta con el apoyo de Podemos y Ciudadanos y de toda la comunidad educativa, que lleva tiempo movilizándose, y que ha sido invitada al pleno. El PSOE propone la paralización inmediata de la segregación por sexos en los centros financiados con fondos públicos; que la asignatura de religión no sea evaluable [¿por qué no lo hizo cuando pudo?]; que el nombramiento de los directores se haga de nuevo a través de los Consejos Escolares y que se vuelva a las pruebas de Selectividad, suprimiendo los efectos académicos de las reválidas de 4º de la ESO y Bachillerato.
El PP afirma que antes de paralizar la LOMCE se debe realizar un Pacto por la Educación, que se quiere alcanzar en el plazo de seis meses.
Mientras, los cinco sindicatos con presencia en la Mesa
Sectorial de Educación en Castilla y León, CCOO, UGT, CSIF, STECyL-I y Anpe, se han
"conjurado" para poner fin a los recortes educativos y recuperar los
derechos salariales perdidos por los docentes en los ultimos años.
Para ello han presentado una plataforma de negociación conjunta con el objetivo de “fraguar un acuerdo de mejora que facilite la recuperación progresiva de derechos retributivos y laborales recortados, que pudiera aplicarse a lo largo de la actual legislatura autonómica”.
“Esta legislatura debe ser la del fin de los recortes educativos y la que ponga las bases para la recuperación de derechos. Los cinco sindicatos hemos manifestado voluntad negociadora a la Consejería de Educación, la misma voluntad que reclamamos a la Administración, que ha de venir acompañada de unos compromisos presupuestarios firmes y claros que hagan posible el acuerdo. Emplazamos por ello al Consejero de Educación y al Director General de Recursos Humanos, en calidad de presidente de la Mesa Sectorial a que valoren nuestro ofrecimiento y nuestras peticiones, lo que favorecería la mejora de la calidad, el necesario reconocimiento del trabajo del profesorado y la recuperación del clima de tranquilidad en nuestros centros”, expresan los sindicatos, que además reclaman a “todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León voluntad de consenso para propiciar un pacto que ponga fin a los recortes de los presupuestos educativos, un pacto que impida el retroceso en el Gasto Público destinado a la Educación en nuestra Comunidad, en especial y prioritariamente el destinado a los Centros Públicos, y que propicie el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE”.
Además, también reclaman al nuevo Gobierno y al Parlamento del Estado consenso para poner fin a las políticas de recortes educativos y la necesaria y urgente derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, “normativa básica cuya derogación se precisa para favorecer el acuerdo que pedimos”.
Los cinco sindicatos docentes de la Mesa Sectorial se comprometen a plantear de manera unitaria las actuaciones necesarias para la consecución de las mejoras que plantean.
En concreto, los sindicatos plantean 12 puntos a negociar con la administración entre los que destacan los siguientes:
-Mejoras retributivas (equiparación con otras CCAA);
-Mejora de plantillas (reducción de ratios, regulación de apoyos, más profesores);
-Recuperación del horario previo a la Ley Wert;
-Reconocimiento de la función tutorial (tutorías);
-Mejora de la instrucción que regula las sustituciones;
-Mejorar los permisos y licencias;
-Más estabilidad en el empleo y mejora de las interinidades...
UN TEXTO:
> http://www.sindicatosut.org/index.php/notas-informativas-de-sut/560-trabajador-en-la-ensenanza-rompe-con-la-impotencia-que-impone-el-sindicalismo-subvencionado-organizate-con-el-sindicato-de-clase
Para ello han presentado una plataforma de negociación conjunta con el objetivo de “fraguar un acuerdo de mejora que facilite la recuperación progresiva de derechos retributivos y laborales recortados, que pudiera aplicarse a lo largo de la actual legislatura autonómica”.
“Esta legislatura debe ser la del fin de los recortes educativos y la que ponga las bases para la recuperación de derechos. Los cinco sindicatos hemos manifestado voluntad negociadora a la Consejería de Educación, la misma voluntad que reclamamos a la Administración, que ha de venir acompañada de unos compromisos presupuestarios firmes y claros que hagan posible el acuerdo. Emplazamos por ello al Consejero de Educación y al Director General de Recursos Humanos, en calidad de presidente de la Mesa Sectorial a que valoren nuestro ofrecimiento y nuestras peticiones, lo que favorecería la mejora de la calidad, el necesario reconocimiento del trabajo del profesorado y la recuperación del clima de tranquilidad en nuestros centros”, expresan los sindicatos, que además reclaman a “todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León voluntad de consenso para propiciar un pacto que ponga fin a los recortes de los presupuestos educativos, un pacto que impida el retroceso en el Gasto Público destinado a la Educación en nuestra Comunidad, en especial y prioritariamente el destinado a los Centros Públicos, y que propicie el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE”.
Además, también reclaman al nuevo Gobierno y al Parlamento del Estado consenso para poner fin a las políticas de recortes educativos y la necesaria y urgente derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, “normativa básica cuya derogación se precisa para favorecer el acuerdo que pedimos”.
Los cinco sindicatos docentes de la Mesa Sectorial se comprometen a plantear de manera unitaria las actuaciones necesarias para la consecución de las mejoras que plantean.
En concreto, los sindicatos plantean 12 puntos a negociar con la administración entre los que destacan los siguientes:
-Mejoras retributivas (equiparación con otras CCAA);
-Mejora de plantillas (reducción de ratios, regulación de apoyos, más profesores);
-Recuperación del horario previo a la Ley Wert;
-Reconocimiento de la función tutorial (tutorías);
-Mejora de la instrucción que regula las sustituciones;
-Mejorar los permisos y licencias;
-Más estabilidad en el empleo y mejora de las interinidades...
UN TEXTO:
> http://www.sindicatosut.org/index.php/notas-informativas-de-sut/560-trabajador-en-la-ensenanza-rompe-con-la-impotencia-que-impone-el-sindicalismo-subvencionado-organizate-con-el-sindicato-de-clase
El pleno del Congreso
decide este martes si comienza a tramitar una propuesta legislativa del
grupo socialista para "suspender" el calendario de implantación de la
Lomce, lo que afectaría a las nuevas evaluaciones finales de ESO y
Bachillerato, ya que empezarán a realizarse este curso.
La iniciativa también pide la paralización de las normas de desarrollo
de la Lomce que aún no hubieran tenido vigencia o aplicación efectiva,
como es el caso del real decreto que regula esas pruebas.
Además, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, proponen los
socialistas, un proyecto de ley básica de educación que suponga la
"derogación" de la Lomce, tras un proceso de "negociación y diálogo" con
las autonomías, la comunidad educativa y las fuerzas políticas.
Según argumenta el PSOE, la Lomce es "una contrarreforma segregadora e
intervencionista que ataca directamente a la igualdad de oportunidades y
retrocede en la equidad y en la calidad de la educación".
Si el Congreso tomase en consideración esta proposición de ley del PSOE,
comenzaría la tramitación ordinaria como proyecto legislativo, con
presentación, debate y votación de enmiendas parciales en la Comisión de
Educación.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2888266/0/congreso-pleno-lomce-suspension/#xtor=AD-15&xts=467263
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2888266/0/congreso-pleno-lomce-suspension/#xtor=AD-15&xts=467263
El Movimiento por la Escuela Pública y Laica y la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) en Castilla y León
han anunciado este lunes que pedirán derogar la Ley educativa de la
LOMCE en la jornada de huelga general que estudiantes y familias tienen
prevista para el 26 de octubre.
En una rueda de prensa ofrecida en el instituto Vega de Prado en Valladolid, la portavoz regional de la Plataforma, Christina Fulconis, ha clamado que a día de hoy «reina la incertidumbre» en torno a una Ley que ha sido aprobada «solo con los apoyos de un Gobierno que ahora está en funciones y con la clara oposición del resto de partidos, alumnos y asociaciones».
En un tono muy combativo, la portavoz ha reiterado que la situación es insostenible y que el actual Gobierno o el que venga, si no afronta cambios necesarios se encontrarán una comunidad educativa en «guerra» contra la «reválida, los recortes en educación, los ratios elevados de alumnos por aula y los horarios de los docentes».
Por su parte, la portavoz de la CEAPA en Casilla y León, María José Gómez, ha instado a todos los padres y madres de los alumnos de la Comunidad a «no llevar a sus hijos a la escuela» el próximo 26 de octubre, porque la «única manera de defender la educación pública es diciendo no a un sistema injusto, sin sentido y exclusivo».
Gómez se ha mostrado muy crítica con la prueba de la reválida que esta nueva Ley contempla para la obtención del título de Educación Secundaria y de Bachillerato y que «no contenta a nadie, ni al propio consejero de Educación, Fernando Rey». Según ha explicado la portavoz, de esta prueba se desconoce cómo, cuándo o de qué manera se va a llevar a cabo, una reválida que va a evaluar en"un único día si «nuestros hijos» van a poder seguir estudiando y que no va a tener en cuenta «la trayectoria académica de los estudiantes», ya que será elaborada por «empresas externas con sus propios intereses».
Asimismo, Gómez ha añadido que este modelo de reválidas es un sistema «arcaico» que se desechó en los años setenta, ya que va «en contra» de lo que la «mayoría de leyes educativas en Europa tienen en cuenta», que es un modelo basado en la «educación continua».
Por todo ello, las dos plataformas han pedido secundar en toda la Comunidad las distintas movilizaciones que ya están planificadas para el próximo día 26 de octubre en las provincias de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia y Zamora, a la espera de que se unan el resto.
Por su parte, La Plataforma por la escuela pública y laica señala que según la ley, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no serán consideradas faltas de conducta ni sancionadas, cuando hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente al centro.
Además, esta organización subraya que no se pueden poner exámenes ni sanciones por ejercer el derecho a huelga y agrega que a partir de tercero de la ESO los alumnos no necesitan autorización.
En una rueda de prensa ofrecida en el instituto Vega de Prado en Valladolid, la portavoz regional de la Plataforma, Christina Fulconis, ha clamado que a día de hoy «reina la incertidumbre» en torno a una Ley que ha sido aprobada «solo con los apoyos de un Gobierno que ahora está en funciones y con la clara oposición del resto de partidos, alumnos y asociaciones».
En un tono muy combativo, la portavoz ha reiterado que la situación es insostenible y que el actual Gobierno o el que venga, si no afronta cambios necesarios se encontrarán una comunidad educativa en «guerra» contra la «reválida, los recortes en educación, los ratios elevados de alumnos por aula y los horarios de los docentes».
Por su parte, la portavoz de la CEAPA en Casilla y León, María José Gómez, ha instado a todos los padres y madres de los alumnos de la Comunidad a «no llevar a sus hijos a la escuela» el próximo 26 de octubre, porque la «única manera de defender la educación pública es diciendo no a un sistema injusto, sin sentido y exclusivo».
Gómez se ha mostrado muy crítica con la prueba de la reválida que esta nueva Ley contempla para la obtención del título de Educación Secundaria y de Bachillerato y que «no contenta a nadie, ni al propio consejero de Educación, Fernando Rey». Según ha explicado la portavoz, de esta prueba se desconoce cómo, cuándo o de qué manera se va a llevar a cabo, una reválida que va a evaluar en"un único día si «nuestros hijos» van a poder seguir estudiando y que no va a tener en cuenta «la trayectoria académica de los estudiantes», ya que será elaborada por «empresas externas con sus propios intereses».
Asimismo, Gómez ha añadido que este modelo de reválidas es un sistema «arcaico» que se desechó en los años setenta, ya que va «en contra» de lo que la «mayoría de leyes educativas en Europa tienen en cuenta», que es un modelo basado en la «educación continua».
Por todo ello, las dos plataformas han pedido secundar en toda la Comunidad las distintas movilizaciones que ya están planificadas para el próximo día 26 de octubre en las provincias de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia y Zamora, a la espera de que se unan el resto.
Por su parte, La Plataforma por la escuela pública y laica señala que según la ley, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no serán consideradas faltas de conducta ni sancionadas, cuando hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente al centro.
Además, esta organización subraya que no se pueden poner exámenes ni sanciones por ejercer el derecho a huelga y agrega que a partir de tercero de la ESO los alumnos no necesitan autorización.
