El Movimiento por la Escuela Pública y Laica y la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) en Castilla y León
han anunciado este lunes que pedirán derogar la Ley educativa de la
LOMCE en la jornada de huelga general que estudiantes y familias tienen
prevista para el 26 de octubre.
En una rueda de prensa ofrecida en el instituto Vega de Prado en Valladolid, la portavoz regional de la Plataforma, Christina Fulconis, ha clamado que a día de hoy «reina la incertidumbre» en torno a una Ley que ha sido aprobada «solo con los apoyos de un Gobierno que ahora está en funciones y con la clara oposición del resto de partidos, alumnos y asociaciones».
En un tono muy combativo, la portavoz ha reiterado que la situación es insostenible y que el actual Gobierno o el que venga, si no afronta cambios necesarios se encontrarán una comunidad educativa en «guerra» contra la «reválida, los recortes en educación, los ratios elevados de alumnos por aula y los horarios de los docentes».
Por su parte, la portavoz de la CEAPA en Casilla y León, María José Gómez, ha instado a todos los padres y madres de los alumnos de la Comunidad a «no llevar a sus hijos a la escuela» el próximo 26 de octubre, porque la «única manera de defender la educación pública es diciendo no a un sistema injusto, sin sentido y exclusivo».
Gómez se ha mostrado muy crítica con la prueba de la reválida que esta nueva Ley contempla para la obtención del título de Educación Secundaria y de Bachillerato y que «no contenta a nadie, ni al propio consejero de Educación, Fernando Rey». Según ha explicado la portavoz, de esta prueba se desconoce cómo, cuándo o de qué manera se va a llevar a cabo, una reválida que va a evaluar en"un único día si «nuestros hijos» van a poder seguir estudiando y que no va a tener en cuenta «la trayectoria académica de los estudiantes», ya que será elaborada por «empresas externas con sus propios intereses».
Asimismo, Gómez ha añadido que este modelo de reválidas es un sistema «arcaico» que se desechó en los años setenta, ya que va «en contra» de lo que la «mayoría de leyes educativas en Europa tienen en cuenta», que es un modelo basado en la «educación continua».
Por todo ello, las dos plataformas han pedido secundar en toda la Comunidad las distintas movilizaciones que ya están planificadas para el próximo día 26 de octubre en las provincias de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia y Zamora, a la espera de que se unan el resto.
Por su parte, La Plataforma por la escuela pública y laica señala que según la ley, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no serán consideradas faltas de conducta ni sancionadas, cuando hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente al centro.
Además, esta organización subraya que no se pueden poner exámenes ni sanciones por ejercer el derecho a huelga y agrega que a partir de tercero de la ESO los alumnos no necesitan autorización.
En una rueda de prensa ofrecida en el instituto Vega de Prado en Valladolid, la portavoz regional de la Plataforma, Christina Fulconis, ha clamado que a día de hoy «reina la incertidumbre» en torno a una Ley que ha sido aprobada «solo con los apoyos de un Gobierno que ahora está en funciones y con la clara oposición del resto de partidos, alumnos y asociaciones».
En un tono muy combativo, la portavoz ha reiterado que la situación es insostenible y que el actual Gobierno o el que venga, si no afronta cambios necesarios se encontrarán una comunidad educativa en «guerra» contra la «reválida, los recortes en educación, los ratios elevados de alumnos por aula y los horarios de los docentes».
Por su parte, la portavoz de la CEAPA en Casilla y León, María José Gómez, ha instado a todos los padres y madres de los alumnos de la Comunidad a «no llevar a sus hijos a la escuela» el próximo 26 de octubre, porque la «única manera de defender la educación pública es diciendo no a un sistema injusto, sin sentido y exclusivo».
Gómez se ha mostrado muy crítica con la prueba de la reválida que esta nueva Ley contempla para la obtención del título de Educación Secundaria y de Bachillerato y que «no contenta a nadie, ni al propio consejero de Educación, Fernando Rey». Según ha explicado la portavoz, de esta prueba se desconoce cómo, cuándo o de qué manera se va a llevar a cabo, una reválida que va a evaluar en"un único día si «nuestros hijos» van a poder seguir estudiando y que no va a tener en cuenta «la trayectoria académica de los estudiantes», ya que será elaborada por «empresas externas con sus propios intereses».
Asimismo, Gómez ha añadido que este modelo de reválidas es un sistema «arcaico» que se desechó en los años setenta, ya que va «en contra» de lo que la «mayoría de leyes educativas en Europa tienen en cuenta», que es un modelo basado en la «educación continua».
Por todo ello, las dos plataformas han pedido secundar en toda la Comunidad las distintas movilizaciones que ya están planificadas para el próximo día 26 de octubre en las provincias de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia y Zamora, a la espera de que se unan el resto.
Por su parte, La Plataforma por la escuela pública y laica señala que según la ley, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no serán consideradas faltas de conducta ni sancionadas, cuando hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente al centro.
Además, esta organización subraya que no se pueden poner exámenes ni sanciones por ejercer el derecho a huelga y agrega que a partir de tercero de la ESO los alumnos no necesitan autorización.